El polémico artículo 10 bis de la Ley General de Salud, que le permitía al personal médico negarse a prestar sus servicios por objeción de conciencia, no sólo atentaba contra el “derecho a la protección de la salud” estipulado en la Constitución, sino también contra los “derechos sexuales y reproductivos” de las mujeres y contra el “acceso oportuno a la atención médica” que debe tener toda la población del país.
Además, por ser una legislación secundaria, a la Ley General de Salud no le correspondía imponer todas esas “restricciones” que van contra lo dispuesto en la Constitución, de manera que también se estaba violando el “principio de supremacía constitucional”.
Incluso, al darle todas estas ventajas legales a los objetores de conciencia, se corría el riesgo de que éstos después se…
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Proceso (Digital) - 1 Issue, Proceso 2355